El 8 de junio, el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos, FOCO,  con la adhesión de Asociación Ecologista Inti Chuteh (San Juan); Asamblea Popular por el Agua (Mendoza); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; Bienaventurados los Pobres (Catamarca); la Diputada Nacional Victoria Donda; el Diputado Nacional Miguel Bonasso; el Frente Cívico por la Vida (San Juan); Nora Cortiñas; la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina y el Capítulo argentino de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, presentó una denuncia ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE en Cancillería por violaciones de la empresa canadiense Barrick Gold a las Directrices de la OCDE.

Barrick Gold es una de las multinacionales más grandes del mundo, con más de 27 minas operativas en 15 países del mundo. En el 2005 instaló en San Juan la mina Veladero, y se encuentra actualmente en construcción en la frontera con Chile el proyecto Pascua Lama, que presenta reservas de oro por 17.8 millones de onzas. Ambos proyectos aplican el sistema de minería a cielo abierto, modalidad prohibida en Canadá, que logró imponerse en nuestro país gracias a la impunidad lograda por el marco económico de la década del 90 y la complicidad de los gobiernos locales.
En la denuncia ante el PNC de la OCDE, las organizaciones sociales ponen de manifiesto las sistemáticas  violaciones de esta empresa a los Principios Generales de las Directrices, y especialmente a los capítulos referidos a la protección y cuidado del Medio Ambiente, gravemente afectado por las actividades de la empresa. 
Entre los terribles daños denunciados, se encuentran en la afectación de las aguas superficiales y subterráneas por el uso de productos químicos de muy alto riesgo, desvíos de corrientes de agua superficial y subterránea sobre las cuencas de los ríos las Taguas, Blanco y Jáchal; afectación del aire debido a las voladuras de  molienda  y perforación que propagan partículas de polvos como rocas, metales, arsénico, etc.; afectación del suelo por el traslado de sustancias peligrosas, el uso de maquinarias de gran porte o la afectación por drenaje ácido de actividad ligada a los proyectos; afectación a los glaciares: en el 2005 Barrick destruyó el glaciar Conconta que abastecía el río Tudcum. Además ocultó datos sobre la presencia de otros cuerpos de hielo, renegando del papel regulador que tienen sobre el agua de los ríos del área, y soslayando que la protección de los mismos es esencial como medida contra el Cambio Climático; afectación a la Biodiversidad: en el caso de Pascua Lama – Veladero se han eliminado muchos ambientes húmedos que resultan claves para el desarrollo de la biodiversidad del área.
A esa situación se agregan el impacto de  los daños sociales, ya que se registran graves efectos sobre la salud de la población: en Jáchal se manifiesta un gran porcentaje de población con cáncer de hígado, estomago, riñones y otros, que se presumen consecuencia de la explotación minera aguas arriba del río Jáchal, en el yacimiento Veladero; a ello se agregan los impactos en la Economía Regional: por  pérdida de valor de la región como lugar turístico a causa de la destrucción paisajes naturales y las restricciones de acceso que impone la empresa sobre el territorio, disminución de la cantidad de agua y electricidad de la que dispone la región, así como pérdida de la producción vinculada a la cría extensiva de ganado, principalmente caprino, el cultivo de olivos y  semillas y la actividad forestal; finalmente, el no cumplimiento del derecho a la información: la empresa difunde escasa información y fuera del alcance de los pueblos afectados por su actividad. Si circula, lo hace en agencias estatales provinciales con facultades de contralor y/o fiscalización sobre las facetas que involucra la misma.
En cuanto a daños institucionales, hay que mencionar el lobby contra la ley de glaciares, alegando “derechos adquiridos”,  así como numerosos casos de violencia: diversas organizaciones sociales y ambientalistas fueron reprimidas por la policía provincial y la seguridad privada contratada por Barrick, tal como ocurrió el 24 de febrero de 2011.
Por esta razón, entre los reclamos formulados en la denuncia se encuentra la consulta permanente a los pueblos afectados y su participación activa en la toma de decisiones en torno a los proyectos mineros, el establecimiento de mecanismos idóneos para garantizar el acceso irrestricto, gratuito, eficaz y sencillo de la población sanjuanina, a la información financiera, estructural y operatoria de la empresa, la creación de un Equipo Interdisciplinario que analice el impacto ambiental de los proyectos mineros en curso, la realización de los estudios médicos que sean necesarios a los fines de determinar la etiología y las características de las distintas patologías que presentan los habitantes de los pueblos circundantes a las zonas de explotación minera, así como un relevamiento integral de los glaciares históricamente ubicados en el ecosistema comprendido en el radio de influencia de la actividad minera, y de los ambientes periglaciales que han actuado como reguladores de dichos recursos hídricos.

Aratirí es el primer proyecto de megaminería de hierro a cielo abierto de la República Oriental del Uruguay, el cual viene acompañado de un mineroducto de 230 km hasta un puerto de aguas profundas en la costa oceánica ubicado en el paraje La Angostura (Rocha).
Cuenta hoy con unas 110.000 hectáreas con licencia de prospección, 8.500 ha con permiso de exploración y 360 ha con permiso de concesión. Abarca los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo.
La empresa llegó al país en 2007, para realizar trabajos de prospección, exploración y explotación del suelo en Durazno, Cerro Largo, Florida y Treinta y Tres y Rocha pertenece a la corporación Zamin Ferrous cuyas oficinas principales se encuentran en Suiza y Reino Unido si bien priman los capitales indios y el destino principal del hierro uruguayo sea China.
El 5 de abril, la empresa presentó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido para la construcción de las minas, el mineroducto y el puerto que componen el Proyecto Valentines de extracción y exportación del hierro uruguayo.  De ser autorizado, se extraerán 20 millones de toneladas de hierro anuales consumiendo 100 litros de agua dulce por segundo. A este brutal consumo de energía y agua que se realizará durante los 20 años estimados de duración del emprendimiento habrá que agregarle una modificación brutal del paisaje.

Sin embargo, a principios de junio Medio Ambiente formuló varias observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por compañía obligándola a retirar su EIA.
En primer lugar el informe no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por otra parte, el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hace imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base. En pocas palabras, Dinama pide que se profundicen detalles sobre cómo afectará el proyecto a los cinco departamentos que involucra.
Aratirí, en tanto, se “comprometió” a presentar un nuevo informe, más completo.
Mientras buena parte de la ciudadanía uruguaya se moviliza para impedir la concreción del proyecto.

Fuente: Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina

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El 11 de mayo el Senado chileno aprobó el Convenio Upov 91 que impide a los campesinos guardar semilla y extiende el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país. La iniciativa tuvo 13 votos a favor (de la derecha y 1 de la Concertación), 5 en contra y 6 abstenciones.
Es importante aclarar que Upov es la sigla de Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En sus primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio Upov) ha sido modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. Pues bien, entre las integrantes de Upov se encuentran Syngenta, Bayer, Dupont/Pioneer y Monsanto (que encabezó el lobby empresarial a través de ChileBio con el apoyo de Anpros, asociación gremial de productores de semilla transgénica de exportación) y del Diario Financiero, para que Chile firmante de Upov 78, adhiriese a Upov 91).

Un estudio realizado en el Hospital Universitario Sherbrook de Quebec (Canadá) y publicado a finales de mayo por la revista científica Reproductive Toxicology que analizó muestras de sangre de mujeres embarazadas, de cordones umbilicales y de mujeres no embarazadas mostró que la proteína tóxica insecticida Bt Cry1Ab estaba presente en el 93% de las primeras, el 80% de los segundos  y el 67% de las terceras. La fuente más probable de esta presencia es el consumo de alimentos transgénicos.
De esta forma el estudio muestra que las proteínas Bt procedentes de los cultivos transgénicos sobreviven en el sistema digestivo y pasan a la sangre, algo que las autoridades siempre habían afirmado que no ocurriría. Con los resultados se pone en jaque la validez del proceso de evaluación de estos alimentos y son un ejemplo más de los efectos inesperados y preocupantes que generan los alimentos modificados genéticamente.

Otro estudio publicado por científicos de la Universidad de Oporto en la revista Food Policy trata sobre la preocupante relación entre la financiación y los resultados en los estudios sobre riesgos para la salud de los transgénicos. Los resultados confirman la íntima relación entre quién financia o para quién trabajan los científicos y los resultados favorables para la seguridad de los transgénicos.
Finalmente, José L. Domingo, Catedrático de Toxicología de la Universidad Rovira i Virgil, efectuó una revisión de los artículos publicados sobre riesgos toxicológicos de los transgénicos. En el texto se aprecia un equilibrio entre los estudios que demuestran la seguridad de los alimentos transgénicos frente a los que detectan posibles riesgos, confirmando también que aquellos que demuestran su seguridad son realizados en su mayoría por la misma industria. Por lo no se respeta la neutralidad.
Fuente: Ecoportal

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